Mientras tres destructores de la Armada y tres buques de operaciones anfibias se dirigen este fin de semana hacia la costa de Venezuela en una aparente operación antidrogas de Estados Unidos, la demostración de fuerza del gobierno de Trump reaviva recuerdos de otra presidencia, otra época y otro país.
A mediados de diciembre de 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión militar de Panamá, tras declarar que su hombre fuerte, Manuel Noriega —antiguo aliado de Estados Unidos e informante de la CIA—, representaba una amenaza para los intereses estadounidenses en la Zona del Canal además de ser un general corrupto, acusado de narcotráfico y haber convertido su país en un narcoestado al servicio de los carteles colombianos.
Durante la Operación Causa Justa, las tropas estadounidenses no solo emplearon la fuerza, sino que también hicieron sonar música rock —incluyendo canciones de la banda Guns N’ Roses— mientras Noriega se refugiaba en la Nunciatura apostólica del Vaticano en Ciudad de Panamá. Se rindió el 3 de enero de 1990 y fue trasladado de inmediato a Miami, donde más tarde sería juzgado, condenado para luego pasar unos 20 años en prisión.
Dos abogados del sur de Florida —uno que acusó a Noriega y otro que lo defendió— señalan que podría parecer que el presidente Donald Trump ha tomado una página del “manual de Panamá” mientras las fuerzas navales de Estados Unidos se acercan a Venezuela. Pero los abogados Richard “Dick” Gregorie y Jon May advierten que hay similitudes y diferencias entre entonces y ahora. También consideran poco probable que Trump, quien ha manifestado su aversión a comprometer tropas estadounidenses en guerras alrededor del mundo, arriesgue invadir un país del tamaño de Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, al igual que Noriega en el apogeo de la guerra antidrogas de Estados Unidos fue acusado por un gran jurado de Nueva York en 2020 de cargos de narcotráfico. Pero Maduro es el líder de un país rico en petróleo y minerales que, a pesar de sus problemas económicos, es mucho más grande y poderoso que Panamá. Otra diferencia es que Maduro no ejerce el mismo grado de control sobre sus fuerzas armadas que el dictador panameño en los años ochenta.
“Hay una gran diferencia entre la situación que se vivía en Panamá en aquel momento y lo que sucede en Venezuela”, dijo Gregorie en una entrevista el viernes.
“Hay algo más que está ocurriendo [además] del narcotráfico”, agregó Gregorie, quien trabajó más de 40 años como fiscal federal de alto nivel en Miami y otras partes del país antes de retirarse en 2018. “Esa no es la razón por la cual Trump está enviando esos barcos allá abajo.
“Hay más en juego y existe información de inteligencia a la que no tengo acceso”, añadió, señalando los vínculos de Venezuela con Irán y los importantes recursos minerales del país sudamericano.
May, quien junto al abogado Frank Rubino defendió a Noriega en su juicio de 1992 en Miami, coincidió con el exfiscal, al señalar que, si bien Maduro y Noriega parecen objetivos similares como acusados de narcotráfico en Estados Unidos, invadir Venezuela sería una locura.
“No puedo imaginar a Estados Unidos invadiendo Venezuela, salvo por un factor de locura”, dijo May, señalando que el envío de la flota de destructores y buques de guerra por parte de Trump es una misión “modesta”, pero quizá “solo el suficiente ruido de sables” para ayudarlo a él y a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año.
“Fue realmente fácil para el ejército estadounidense aplastar a Panamá”, dijo, “pero no sería lo mismo en Venezuela. Allí hay un ejército altamente motivado que ofrecería una resistencia férrea. Sería suicida”.
El Pentágono estimó que más de 500 panameños murieron durante la invasión, incluidos más de 300 soldados y 200 civiles. En total murieron 23 soldados estadounidenses y 3 civiles estadounidenses. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo condenaron la invasión como una violación del derecho internacional.
De hecho, utilizar fuerzas estadounidenses para invadir Panamá y capturar a Noriega en una operación policial en un país extranjero fue muy controvertido en su momento. Una vez que Noriega se rindió y dejó de representar una amenaza para los intereses estadounidenses en la Zona del Canal, el ejército de EEUU lo entregó a los agentes federales.
“No había base legal para que nuestro ejército lo mantuviera como prisionero, por eso los marines lo entregaron a la DEA en el vuelo de regreso”, explicó May.
Debido a la complejidad legal y política del caso, tomó hasta 1992 que la fiscalía federal —liderada por los fiscales Michael “Pat” Sullivan, Guy Lewis y Myles Malman— lograra condenar a Noriega por narcotráfico y asociación ilícita.
“Fue la madre de todas las batallas en la guerra contra las drogas”, dijo Malman al Miami Herald en 2010. “Había mucho en juego: la reputación de los fiscales, del gobierno de EEUU y del presidente de Estados Unidos”.
Tras el juicio, el juez federal William Hoeveler declaró a Noriega prisionero de guerra, otorgándole privilegios especiales, incluida una celda tipo apartamento —con teléfono, televisor a color y bicicleta estática— en la prisión federal de baja seguridad en el suroeste de Miami-Dade. Su condena terminó en septiembre de 2007, pero Noriega permaneció encarcelado otros tres años, hasta que fue extraditado a Francia para enfrentar cargos de lavado de dinero. En 2017, murió a los 83 años en Panamá.
La flota naval se dirige a Venezuela
Dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el despliegue de la administración Trump dijeron a la agencia Reuters que tres buques de guerra de la Armada —el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale— podrían ubicarse frente a la costa de Venezuela tan pronto como el domingo. En conjunto, los barcos transportan 4,500 efectivos, incluida una unidad expedicionaria de Marines de 2,200 miembros.
El escuadrón anfibio operará junto a tres destructores lanzamisiles guiados clase Arleigh Burke —el USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely—, diseñados para contrarrestar amenazas desde el aire, tierra, mar e incluso bajo el mar simultáneamente.
El arsenal de los destructores se centra en un sistema de lanzamiento vertical de 96 celdas que puede cargarse con una combinación de armas, incluidos misiles de crucero Tomahawk para ataques a larga distancia en tierra, misiles estándar para defensa aérea y antimisiles, y cohetes antisubmarinos para la guerra bajo el agua.
Al sumar buques anfibios, la fuerza de tarea gana capacidades terrestres ampliadas, en particular la habilidad de desplegar rápidamente marines en zonas costeras.
El Pentágono no ha revelado públicamente la misión de los buques, pero las fuentes dijeron a la agencia de noticias Reuters que el movimiento se alinea con los objetivos más amplios de la administración Trump de abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones “narcoterroristas” designadas en la región. Al hablar sobre el posible uso de personal militar estadounidense en Venezuela, la Casa Blanca afirmó que el despliegue subraya la promesa de Trump de usar todos los instrumentos del poder estadounidense —desde sanciones hasta la fuerza militar— para impedir que los narcóticos lleguen a territorio estadounidense.
“El presidente Trump ha sido muy claro y coherente: está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras ser consultada por un reportero de McClatchy sobre las posibilidades de una operación terrestre en Sudamérica.
La lucha contra los carteles de la droga es un pilar de la política interior y exterior de Trump. A principios de este año, la administración designó formalmente al cartel de Sinaloa en México, la banda venezolana Tren de Aragua y varios otros grupos como organizaciones terroristas globales. La medida otorgó a las agencias estadounidenses mayor autoridad para atacar las finanzas, la logística y el liderazgo de los carteles.
El mes pasado, la administración Trump designó al Cártel de los Soles —que, según los fiscales estadounidenses, está dirigido por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen— como una entidad “terrorista global especialmente designada”. La designación eleva la posibilidad de que el cartel se convierta en un objetivo directo de la acción militar estadounidense si Trump lo decide.
La administración también aumentó recientemente la recompensa por la captura de Maduro a una cifra sin precedentes de $50 millones.
Maduro y varios de sus principales aliados han sido acusados por fiscales estadounidenses de supuestamente convertir a Venezuela en un narcoestado controlado por el Cártel de los Soles. Maduro ha desestimado los cargos como un “refrito podrido” destinado a justificar una intervención extranjera.
En respuesta al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Maduro anunció el lunes que su gobierno activará un plan especial para movilizar a más de 4.5 millones de milicianos en toda Venezuela para “defender la soberanía nacional”.
“Esta semana estoy lanzando un plan especial para garantizar la cobertura de más de 4.5 millones de milicianos preparados, activados y armados en todo el territorio nacional”, declaró Maduro durante un acto televisado, flanqueado por altos mandos militares. Dijo que la movilización es necesaria para contrarrestar lo que describió como “amenazas extravagantes, extrañas y descabelladas” de Estados Unidos.
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