El caso de una niña rarámuri de 11 años que dio a luz en Parral el año pasado, ha desatado una serie de exigencias recientes para investigar esa situación en específico y aquellas que tengan que ver con posibles violaciones de menores de edad.
El caso se hizo público por un reportaje publicado en El Sol de Parral y fue retomado por la diputada local morenista María Antonieta Pérez Reyes a mediados de este mes, cuando denunció “omisión evidente” de las autoridades estatales y municipales en ese caso.
De acuerdo con ese reportaje, el caso fue turnado inicialmente al DIF estatal, con el propósito de integrar a un programa de custodia estatal y valorar la adopción del bebé. Sin embargo, en el informe remitido al Congreso, el DIF señaló que la menor no se encuentra bajo resguardo del Estado: “acudió a las oficinas acompañada de su familia, recibieron asesoría legal para interponer una denuncia contra el presunto agresor y después regresaron a su comunidad”.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) mantiene abierta la investigación, aunque no ha logrado obtener la declaración de la niña, quien se ha negado a hablar con familiares y con un intérprete.
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El caso llegó hasta la conferencia Mañanera la semana pasada, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que esos casos se deben investigar porque representan un delito.
El de la menor que dio a luz en Parral es uno de otros 227 asuntos de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas registradas oficialmente en Chihuahua durante 2023, de acuerdo con la legisladora.
“No se debe normalizar”: defensora rarámuri
Todos los Santos Dolores Villalobos, promotora rarámuri que acompaña a mujeres en su región, advirtió que, aunque en las comunidades se considera parte de los usos y costumbres que algunos hombres tengan relaciones con niñas, no debe verse como normal que niñas de 10, 11 o 12 años queden embarazadas:
“La mayoría son jóvenes, ya mayores de edad, pero en muchos casos son mucho mayores, 12 años mayor, ya hay que verlo como un abuso, o se hace ver que las mujeres, pues para eso somos y que ya está lista para ser mamá y que ahora sí que tiene que hacer el papel de mamá”, dijo.
Explicó que algunas familias saben que se trata de violencia, pero en la mayoría de los casos se sigue aceptando. “Algunos que han escuchado los temas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues no les parece correcto, pero en su mayoría lo van a ver tan normal porque así se ha vivido desde siempre.”
De acuerdo con Villalobos, no se realizan las denuncias correspondientes después de que la joven queda embarazada porque buscan no afectar a la familia o a la comunidad, “para no sentirse afectada” y que a veces son juzgadas y dicen: “ella tuvo la culpa, pues andaba de loquita, ya quería casarse.”
Consecuencias económicas, sociales y emocionales
La promotora subrayó que un embarazo infantil impacta de lleno en la vida de las niñas y sus familias: “Viene la pobreza de por sí, vivimos con lo mínimo, lo que se da en la comunidad, pero ya con un bebé se necesita comprar pañales, […] se tiene que comprar leche porque, pues la niña no está en edad, no está desarrollada para ser mamá, sus pechos no crían leche, en algunos casos sí, pero en otros no”.
En lo emocional, detalló que muchas niñas caen en depresión, no se encuentran preparadas para ser madres a tan corta edad, y los padres no se hacen responsables. Con ello, las niñas pierden oportunidades como estudiar o trabajar, mientras que los hombres continúan con su vida fuera de la comunidad y las niñas tienen que quedarse en sus casas para criar a su bebé.
El problema se agrava por la revictimización que sufren las niñas en hospitales y dependencias de gobierno. “Desde el hospital ya la empezaron a revictimizar, ‘está bien chiquita y tuvo a su bebé’ y hasta escuchar, ‘No, pues es que así les gusta vivir’. Ellos así son, las niñas rarámuri o las tarahumaras son mamás desde muy chiquitas. […] Lo están normalizando desde una institución, también desde un hospital, desde una dependencia de gobierno”, puntualizó.
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Villalobos consideró indispensable que haya personal capacitado para atender estos casos: la primera información que reciba la niña debe ser clara, respetuosa y sin presión. Hay que darle tiempo y confianza para hablar, no exigir respuestas inmediatas.
Como parte de la prevención, considera necesario trabajar directamente con las autoridades tradicionales, comisarios de policía, hacerles ver que las niñas y adolescentes tienen derechos, y que no es normal que sean madres a tan corta edad.
“El derecho a la sexualidad es bien importante hacerles ver, pero prevenir los embarazos para que a tan temprana edad no se embarazan y pues, hacerse responsable de sus bebés tan pequeñitas, es una problemática muy grande”, subrayó.
Desde Congreso del Estado exigen investigación del caso
Durante sesión del Congreso del Estado el 15 de agosto pasado, se aprobó un exhorto dirigido al DIF Estatal y a la Fiscalía General del Estado para que informen sobre las acciones emprendidas en ese caso de la menor rarámuri de Parral que dio a luz en 2024, cuando tenía 11 años.
La propuesta del exhorto fue presentada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, una vez que se publicó un reportaje del periodista Luis Murillo
En tribuna, la diputada Pérez Reyes subrayó la falta de justicia para las niñas víctimas de abuso sexual: “Estamos hablando de pederastas que andan sueltos en el estado de Chihuahua. No tenemos estadísticas ni información de cuántos de estos hombres que embarazaron a 277 niñas están purgando la cárcel que el Código Penal del Estado establece”.
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Agregó que este caso volvió a visibilizar la problemática: “Se supo que esta niña de 11 años resultó embarazada por su novio, dijeron en la comunidad, un hombre de 20 años. Esto ilustra la gravedad de la situación que vive Chihuahua”.
Asimismo, enfatizó la desigualdad en las oportunidades de desarrollo infantil:
“Mientras unos llevan a cabo su vida con un desarrollo armónico normal y a los 11 años están en el salón de clase, aprendiendo y jugando, hay otras niñas a las que se les ha negado ese derecho y a los 11 años están lidiando con un parto que ni entienden ni tendrían por qué estar enfrentando. A esa edad tienen la responsabilidad de amamantar a un bebé que no tendrían por qué cuidar”, condenó.
El exhorto fue firmado por toda la bancada de Morena y contó con el respaldo de la diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano. La votación cerró con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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