De Videla a Milei: el legado de los juicios a la última dictadura argentina 40 años después

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Hace 40 años, uno de los primeros juicios civiles en el mundo contra dictaduras militares se celebraba en Argentina, concretamente contra los nueve comandantes que lideraron las Juntas Militares de la última dictadura (1976-1983).

El régimen había colapsado por la severa crisis económica y la pérdida de las Malvinas, desacreditando a los militares y facilitando unas elecciones que ganaría Raúl Alfonsín. El presidente llevaba en su programa electoral la investigación de las Juntas Militares en forma de verdad, justicia y reparación. Algo disruptivo en una Latinoamérica que se miraba en el modelo de transición pactada que España estaba implementando.

El juicio fue grabado íntegramentre y retransmitido por el canal estatal Argentina Televisora Color. Hoy se puede ver en el archivo digital de Memoria Abierta. Aún estremece ver las caras incómodas de los jueces, el tragar saliva de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo (luego primer fiscal de la Corte Penal Internacional), los testimonios de las víctimas, las pruebas documentales y la soberbia de los imputados.

Cinco condenados y cuatro absueltos

Por dar algunos datos: 281 casos, 530 horas de audiencias, 833 testigos. La sentencia del 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco de los nueve militares, mientras que cuatro fueron absueltos. Entre los condenados se encontraban Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, quienes fueron sentenciados a reclusión perpetua.

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Por primera vez en Argentina se juzgaba a los responsables de la represión estatal. Del mismo modo, se sentaban las bases para la persecución de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

La sentencia de este juicio estableció la noción de un plan sistemático de exterminio y la responsabilidad de los militares por las violaciones de derechos humanos. Quedaron sobradamente probados en los testimonios y documentación los secuestros nocturnos, detenciones en prisiones y centros clandestinos, y toda clase de torturas: picana eléctrica, asfixia, violaciones y abusos sexuales, robo de bebés y la desaparición como trasunto del asesinato.

Buena parte de las pruebas fueron aportadas por organizaciones de la sociedad civil argentina como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU o la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), una suerte de Comisión de la Verdad, cuyo informe Nunca Más fue clave en este proceso judicial.

Los acusados antes de la sentencia establecieron una estrategia de defensa centrada en la “teoría de los dos demonios”, que quedó desacreditada. Esta teoría explica que los delitos cometidos como parte del terrorismo de Estado quedan justificados ante los actos de violencia cometidos por las organizaciones guerrilleras que actuaban en el país, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El almirante Eduardo Massera afirmó: “No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa. Si la hubiéramos perdido, no estaríamos acá”.

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El hecho es que el actuar represivo no solo fue contra la guerrilla considerada “subversiva”, sino contra toda persona que se opusiese a los cambios políticos, económicos y sociales que pretendía imponer la dictadura. Durante este juicio se probaron hechos que, aún en una guerra “justa”, no se justificaban y eran constitutivos de crímenes de guerra.

Las palabras se Strassera

El alegato final duró seis días, concluyendo con unas inolvidables palabras del fiscal Strassera:

“Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última… Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.”

Pero los caminos de la memoria y la lucha contra la impunidad no son fáciles. La cárcel fue leve para los condenados. Una serie de leyes de impunidad pusieron fin a otros posibles juicios contra otras personas implicadas. Y una serie de indultos en la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, pusieron a los militares en la calle.

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Las víctimas y supervivientes tuvieron que esperar 20 años para que en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se anularan las leyes y decretos de impunidad, reabriendo los juicios por crímenes de lesa humanidad que hoy siguen.

A 40 años de aquellos juicios aún estremece el visionado de los mismos, decía. Pero estremece del mismo modo la desarticulación de las instituciones estatales de derechos humanos y memoria por parte del presidente Javier Milei, así como su discurso negacionista y legitimador de las Juntas Militares. Se alinea con las palabras de Massera, mencionadas más arriba, para cambiar el relato.

Lo cierto es que ni aquellos juicios a las Juntas Militares, ni la acción judicial en curso, ni los movimientos sociales promemoria pueden ser borrados y parados por el actual gobierno.

También es cierto que la ciudadanía que en su día aupó a Alfonsín con los juicios a las Juntas Militares, aúpa ahora al Milei negacionista. Habría que analizar lo ocurrido en el país –y en el mundo– en ese lapso de tiempo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Manuel Sánchez-Moreno no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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