Este reportaje se realizó para Animal Político y CONNECTAS
Por miedo no dijo nunca nada a los doctores. En los dos últimos embarazos de Alejandra, esos que pasó entre la adicción, prefirió no informarles sobre su uso descontrolado de metanfetamina.
No les dijo nada ni cuando la internaron por anemia y riesgo de aborto espontáneo, ni cuando llegó de urgencias al hospital a parir a su hija bajo los efectos del cristal, ni cuando se dio cuenta de que la bebé había nacido con síndrome de abstinencia, toda descompuesta, temblorosa y febril. Ni siquiera cuando vio cómo a la recién nacida se le dilataron las pupilas al amamantarla con leche que salía contaminada con esta droga barata y sintética que se ha propagado por todo el país.
Prefirió callar por el miedo a la política punitiva de drogas que sostiene México para estos casos.
Lo de Alejandra, una joven de Cancún que solicitó sólo citar su nombre de pila, no es algo aislado. La metanfetamina es la droga ilícita más común con la que las personas inician el consumo de drogas, solo superada por la marihuana, según informes de la Secretaría de Salud (SSA).
Es cada vez más común, incluso, entre mujeres embarazadas. Y como consecuencia, cada vez más bebés están naciendo con síndrome de abstinencia, intoxicación y delirios. De 2011 a 2024, se cuentan casi 500 recién nacidos que llegaron a las salas de urgencias del país con trastornos derivados de la toxicomanía de sus madres durante la gestación, según datos obtenidos para esta investigación. Y, como respuesta, las instituciones no brindan atención institucionalizada: rehabilitación compatible con la maternidad y políticas de cuidados especiales para los bebés.
Muy al contrario. En muchos de estos casos hay criminalización, pues el personal médico reporta la adicción de mujeres embarazadas usuarias a las fiscalías bajo argumentos penales –y no de salud–, sin protocolos que dicten cómo actuar en estos supuestos y con una normativa para atención pre y neonatal desactualizada. Los Ministerios Públicos (MP) inician procedimientos contra ellas por un delito no punible, el de consumo personal en espacios privados. Y por otro lado, las autoridades de asistencia social, en muchos casos, separan a estos recién nacidos de sus madres para ingresarlos a casas hogares, que no fueron creados específicamente para recibir bebés en contextos de drogas o que no cuentan con capacidad ni infraestructura para atender casos así.
Quintana Roo y Jalisco son dos de los estados con mayor aumento en el consumo de metanfetamina, y por ello fueron seleccionados para este trabajo, a fin de revelar y entender el panorama al que se enfrentan mujeres embarazadas usuarias y sus hijos.
Casos médicos legales
La criminalización para las mujeres embarazadas con adicción a drogas empieza desde el control prenatal. En cuanto el personal médico tiene noticia de que la paciente es usuaria de sustancias psicoactivas notifica a las fiscalías bajo la figura de “caso médico legal”, contemplado en los Códigos Penales de 28 estados país.
En ellos, se establece como obligación para el personal médico notificar aquellos casos en los que hay un lesionado por presuntos hechos delictivos, tal como algún apuñalado o herido de bala. En ninguno de ellos se incluye el uso de sustancias psicoactivas como motivo por el cual levantar un reporte, y sin embargo, los médicos notifican ante el Ministerio Público a las mujeres embarazadas con adicción, como si se tratara de delincuentes.
Consumir drogas, siempre y cuando la portación de la sustancia no supere los gramajes permitidos no es ningún delito en México, según lo establecido en la Ley General de Salud. Los actos penados tienen más que ver con narcomenudeo o narcotráfico, con personas vendiendo o traficando drogas: escenarios lejos de una madre con problemas para superar su adicción.
“De por sí no es fácil transitar a la maternidad. No es fácil para ninguna mujer. Y si encima uno está luchando con una sustancia que ya de alguna manera ha tomado el control, el reto es todavía mayor y hay que abordarlo con compasión y con empatía y no con estigma y criminalización”, dice Corina Giacomello, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, una de las pocas especialistas a nivel global en infancias, maternidades y drogas.
En Quintana Roo, los avisos al MP se hacen a discreción y según el criterio personal de quien está brindando el servicio, de acuerdo con lo informado por el área de ginecología del Hospital Regional Número 17, del IMSS, en Cancún.
En Jalisco, en lo que va del año, el Hospital Civil de Guadalajara ha recibido a 38 mujeres embarazadas que informaron a los médicos ser usuarias de alguna droga, la mayoría de metanfetamina. Todas fueron reportadas al MP, según fuentes que trabajan en la dirección del área obstétrica del lugar.
No resulta extraño, entonces, que Alejandra haya preferido mantener oculta su adicción al cristal durante sus embarazos. Una tarde de mayo cuenta su historia, que revela el desamparo de mujeres embarazadas con dependencia a drogas y de bebés con trastornos por este consumo. Lo hace en un centro de rehabilitación irregular en Cancún, que opera sin permiso de la autoridad federal competente, y que fue el único espacio donde encontró ayuda.
Alejandra y los avisos al Ministerio Público
Nunca quiso ser madre y, sin embargo, Alejandra lo fue cuatro veces. El primero, un embarazo adolescente a los 14 años. El segundo, a los 17. Estudiaba y maternaba. Pero luego se dejó con su pareja y sintió esa sensación de libertad que da la soltería; empezó a cambiar las tareas por salidas, fiestas con amigos y antros con su hermana, en Cancún, el polo turístico de México. Y eso le gustó.
A sus 22, comenzó a vivir la vida que no pudo de adolescente. En una ocasión, en Ginza Night Club, su hermana mayor la animó a probar cocaína.
—Al final me logró convencer, pero como ya se la habían acabado me dieron cristal. Me acuerdo que, esa vez que le inhalé, me lagrimearon los ojos—, recuerda Alejandra, quien solicita solo citar su nombre, sin apellidos.
Ese mismo día conoció las drogas y al chico que se las ofreció, un narcomenudista novato, con el que empezó un romance con citas llenas de besos y cristal, que evolucionó hasta ser una relación estable con dos nuevos embarazos, los que llevó a término con una adicción que se salió de control.
—Me empecé a drogar con él. Solo cristal. Nunca probé otra cosa […] Y luego me entero que tengo dos meses y medio de embarazada de mi hija.
Para entonces, Alejandra ya había dejado la crianza de sus dos hijos previos a su madre y se había mudado a Playa del Carmen, en donde la pareja continuó con el narcomenudeo.
El embarazo evolucionó y el consumo también: un gramo de cristal cada 15 días. En los nueve meses de gestación sólo tuvo dos consultas prenatales, de las cinco mínimas recomendadas.
La primera fue porque tuvo contracciones a los seis meses y medio, indicios de un aborto espontáneo por el que la internaron una semana en el Hospital General de Playa del Carmen. Sobre este punto, el Centro Nacional de Información Biotecnológica del gobierno de los Estados Unidos advierte que el consumo de metanfetamina podría aumentar la posibilidad de aborto espontáneo.
Y la segunda cita prenatal fue para recibir las últimas indicaciones para el parto.
—Cuando te atendieron las enfermeras, ¿te preguntaron si consumías drogas? —pregunto.
—Sí, pero yo no sabía con qué intención me lo decían y yo les decía que no.
A cada mujer que acude a consulta prenatal, explica Sandra Pérez Silva, jefa de ginecología del Hospital Regional Número 17 del IMSS, en Cancún, el personal médico le inicia una historia clínica, en la que se integran antecedentes heredofamiliares y también datos personales no patológicos en los que se incluye lo relativo al uso de sustancias psicoactivas.
—En ese punto uno interroga si tiene adicciones, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Y empezamos a marcar, si alguna de esas respuestas es sí, desde cuándo, la cantidad, los periodos de duración, si ha tenido tratamiento o no, si ha pedido ayuda y todo lo que venga derivado de una afirmación de estas toxicomanías. Una vez que se detecta eso, valoramos el riesgo—, dice Pérez Silva.
—¿Y cómo deciden dar o no aviso al MP?
—Si viene aquí y deliberadamente dice “sí, sé que estoy embarazada, no me importa y consumo drogas”, sí tenemos que hacer aviso al MP. El aviso es un formato institucional, que incluye la información de la paciente que estás notificando, el hecho que provoca el aviso, la fecha y se entrega a nuestro departamento de Trabajo Social y ellos ya hacen la vinculación.
—Pero, ¿bajo qué criterio se hace?
—Porque cualquier mujer obstétrica que se ponga en peligro de morir, la NOM 007 es muy clara. Dice que tienes que salvaguardar la vida de la paciente. Si ella misma se está poniendo en riesgo, lo tienes que reportar.
Pero la Norma Oficial Mexicana 007, la cual establece los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido, solo indica que se debe promover que la mujer se abstenga de usar drogas durante el embarazo. No habla nada de reportes al MP por consumir drogas durante el embarazo. Además, la NOM es de 2016; está tan desactualizada que solo contempla al alcohol, tabaco y cocaína como las drogas de riesgo para las gestantes.
Alejandra estuvo una semana internada. La atención evitó el aborto, pero le diagnosticaron anemia. Uno de los efectos de la metanfetamina es que inhibe el apetito. Alejandra podía pasar dos o tres días sin comer, pero con la euforia del estimulante a tope. Una vez que la dieron de alta volvió a casa y también a consumir cristal hasta el día del parto, que fue el 31 de enero de 2020.
—Ella nació de 2.100 kilos. O sea, a mí me dijeron los doctores: con 100 gramos menos se quedaba en la incubadora. Midió 46 centímetros, estaba muy pequeñita.
Cuando la dieron de alta se fue a la casa donde vivía con su pareja, que con el tiempo se convirtió en un punto de venta y también un centro de reunión para otros amigos con adicciones. Todo el día, todos los días, personas tomando dosis.
—De repente se me olvidaba que mi bebé existía. Cuando empezó a gatear, pues iba por el suelo y se encontraba marihuana que se metía a la boca y yo se la quitaba. Luego, cuando lloraba le daba su leche y si no quería dormirse, pues había una que otra amiga que le soplaba el humo de la mota a ella para adormecerla. Y veía que sí funcionaba. Veía que sí se dormía y sí dejaba de llorar. Ahí empezó el consumo de ella.
Así pasaron cuatro meses, con soplos de marihuana a su hija por cada llanto y ella drogándose con cristal como nunca antes, hasta que Alejandra se embarazó por cuarta vez.
Para entonces su adicción había evolucionado al grado de tener que consumir tres gramos por día. En este embarazo no fue a ni una sola cita prenatal, dice, porque ya sabía lo que tenía que hacer y por el miedo a que los doctores supieran de su adicción.
Alejandra supo que iba a parir por las contracciones y porque expulsó algo de sangre cuando fue al baño.
—Me di dos pases, pues por aguantar, ¿no? Eso nada más era para mantenerme despierta— recuerda.
Era agosto de 2022, tenía 23 años y se alivió de urgencias en el Hospital General Jesús Kumate, de Cancún. A excepción del bajo peso de la niña, todo salió bien. El problema, como pasa en estos casos, vino después, cuando regresó a casa y notó rara a su bebé, con fiebre, temblores, hiperactividad y llanto desesperado: síntomas compatibles con lo que especialistas han denominado Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN).
La metanfetamina consumida durante el embarazo había atravesado la placenta e ingresado al sistema nervioso de la bebé, desarrollando también en ella dependencia a esta droga y, consecuentemente, síndrome de abstinencia en los días posteriores al parto, pues ya no recibía directamente la sustancia como cuando estaba en el vientre. Por desconfianza hacia la autoridad, Alejandra decidió no visitar a ningún doctor; intentó calmarla como pudo. Pero luego todo se puso aún peor.
—Yo volví a drogarme. Era de noche, estaba drogándome normal y ella lloró. Lloraba mucho. Le dio mucho eso de llorar y de no dormir. A mí me estresaba eso, ¿no? Decía: “No se calla, le voy a dar el pecho para que se duerma”. Tenía dos días de nacida. Le di pecho y no sé cómo estoy en mi teléfono, volteo y veo que sus ojitos los tenía abiertos, sus pupilas bien dilatadas y su pulso en el pecho y en el cuello estaba alteradísimo. Me asusté.
Lo que pasa es que la metanfetamina que consumen las lactantes llega hasta la leche materna y los bebés terminan por consumirla por esta vía, según lo advertido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica del gobierno de los Estados Unidos.
Apenas dos días de vida y la bebé de Alejandra ya sabía lo que era el síndrome de abstinencia y padecía los efectos de esta droga barata, sintética, súper adictiva, letal, cuando se abusa de ella y que ha causado estragos inéditos en México, especialmente, sobre mujeres embarazadas y bebés, una población invisibilizada cuando se aborda el tema.
El año pasado se marcó un récord en el país, con 54 recién nacidos en salas de urgencias con delirios, síndromes de abstinencia o intoxicación, de los que el 62 % estuvieron relacionados con fármacos y narcóticos, que son las drogas que registran un repunte sin precedentes en México.
Fármacos, narcóticos y bebés
La metanfetamina ha proliferado tanto al grado de que se ha colocado en el 90 % del territorio nacional como la droga de mayor impacto, es decir, el motivo principal por el cual los usuarios acuden a pedir ayuda para rehabilitarse. Una de cada tres personas atendidas desde 2011 por los Centros de Integración Juvenil (CIJ), un órgano sectorizado de la SSA dedicado al tratamiento de consumo de drogas, tiene problemas con los fármacos y narcóticos, donde el cristal figura como protagonista, de manera más notoria a partir del 2017.
Por otro lado, desde 2011 se han registrado más de medio millón de ingresos a Urgencias por trastornos derivados del consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con datos de la SSA. De ellos, casi 500 son bebés con afectaciones a su salud por drogas. 2024 marcó el récord, con 54 recién nacidos con delirios, síndromes de abstinencia o intoxicación por estimulantes. Esta cifra son sólo los que van a hospitales. Los casos como el de Alejandra y sus bebés, que desconfían y hasta temen a las autoridades, están invisibilizados.
Jalisco y sus bebés entre drogas
De 2021 a 2024, el Ministerio Público de Jalisco intervino en 93 ocasiones por el reporte de recién nacidos de madres usuarias de drogas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia. Y tan solo en lo que va del 2025 ya se cuentan otros 72, según Sandra Trelles, titular de la Procuraduría del menor de Jalisco: un año atípico y alarmante.
En todos ellos, el MP solicitó la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También emitió medidas de protección para los bebés y otorga un periodo de 60 días a la procuraduría para determinar su situación jurídica, explica Trelles.
Las procuradurías evalúan cada caso, con un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, según Trelles. Entrevistan a la madre y a la familia o red de apoyo con la que cuenta el bebé para conocer la situación emocional por la que pasan. Visitan la casa para determinar si es un espacio seguro y determinan qué derechos se están violando para el bebé.
La procuraduría emite entonces una medida de protección complementaria para el bebé. En el mejor y más raro de los casos, si es que hay un entorno favorable, el menor no se separa de la madre y así se evita la institucionalización del bebé. Ahora bien, si se determina que el núcleo familiar no es el óptimo o hay riesgos, el bebé queda bajo resguardo de algún familiar. En el peor y más común de los casos, los bebés son trasladados a casas hogares, públicas o privadas.
En cualquier caso, la procuraduría emite un plan de restitución, documento en el que se detalla la forma en que se llevará a cabo el restablecimiento de los derechos violentados al menor y con qué institución hace falta vincularse para remediar la situación.
Bebés sin redes de apoyo
Cada vez es más común que las Procuradurías del Menor no encuentren una red de apoyo para los bebés en lo que se soluciona la situación de la madre, según Trelles.
Por eso los trasladan a casas hogares, que suelen ser espacios no adecuados para recibir a esta población. Mario de Jesús Palma Ramírez, subdelegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Cancún, reconoce que no cuentan con las instalaciones ni el personal adecuado para recibir recién nacidos de madres usuarias de drogas.
Ante las carencias, optan por trasladarlos a casas hogar privadas; llegar a acuerdos con fundaciones que apoyen a esta población, o también les delegan la responsabilidad a las familias.
“A veces también se les da la apertura para que puedan, si ellos están en las posibilidades, de hacerse de algún especialista por su propia cuenta. Se le dan los accesos y las facilidades para que el niño pueda estar recibiendo todo ese tipo de terapias”, dice el funcionario. “Quisiéramos tener las instalaciones más óptimas del mundo, ¿no? Pero sí, hay situaciones que a veces tenemos que buscarlos nuevas formas para poder resolver”, añade.
Y no todas las casas hogar privadas son aptas para estos bebés. En Quintana Roo no existe ninguna especializada en la atención neonatal, pero en Jalisco sí. Según Sandra Trelles, el DIF Jalisco tiene convenio con nueve casas hogares con lo necesario para atender estos casos.
Desde 2016, el DIF registra 1,185 bebés niños, niñas y adolescentes, hijos de toxicómanos, en Centros de Asistencia Social (CAS): establecimientos públicos, privados o de asociaciones civiles, destinados al cuidado o acogimiento residencial para infancias sin cuidado parental.
El dato es representativo porque solo 13 entidades respondieron a las solicitudes de información y no todas brindaron datos desde 2016. Se trata de menores separados de sus familias por ser víctima de alguna vulneración de sus derechos.
Aunque en la ley se establece que el DIF está facultado para recibir a población vulnerable, como personas en situación de calle, con discapacidad o adultos mayores, no tiene la obligación de albergar población con problemas relacionados a las drogas. Para eso existe una Red de Atención a las Adicciones, dirigida por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), conformada por casi 2,400 unidades públicas y privadas.
A diferencia de estos, los CAS no cuentan, por ejemplo, con clínicas de desintoxicación, equipamiento o insumos médicos específicos para reducción de daños o sustitutivos de opiáceos. Tampoco hay personal capacitado como especialistas en rehabilitación, o psicólogos y psiquiatras con estudios relacionados a las adicciones, ni programas específicos o protocolos para atender a esta población, mucho menos para tratar con recién nacidos con trastornos por drogas.
Un exprocurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que pidió el anonimato como condición para compartir información, reconoció que, durante su reciente gestión, no encontraron la manera de atender estos casos. Cada año ordenaban trasladar a varios bebés de madres con dependencia a drogas a diferentes CAS, mismos que llegaban con las secuelas del consumo de drogas de sus madres, con desnutrición severa, muy delicados de salud.
El problema, dice la fuente, es que estas casas hogares no tienen pediatras o perinatólogos, tampoco una clínica para brindarles atención médica, ni protocolos ni programas para saber cómo proceder. Son casos difíciles, prosigue, pues tardan años en recuperar su salud, más otros años en que retornen a su familia, tutor o a un entorno seguro, tiempo en que pasa junto a otros niños y niñas desconocidos, en iguales o peores condiciones.
Con este panorama se incumple la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo referente a la regulación de los CAS. “El Estado mexicano no se está haciendo cargo de la protección y restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes”, opina Krysha Carretero, presidenta de Conexiones de Byda, organización civil que promueve los derechos de la infancia.
La especialista explica que existe el Modelo tipo de atención y protección integral de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescente, instrumento que permite estructurar los servicios integrales que se brindan al interior de un CAS. Es un manual muy general que no especifica, en ninguna parte, personas toxicómanas como población objetivo. Y, sin embargo, los están atendiendo.
“El 90 % de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados están en Centros de Asistencia Social privados y no están suficientemente regulados, ni vigilados”, dice Carretero, quien critica que el trabajo de buena parte de ellos se guían por mandatos religiosos y no por evidencia científica o políticas públicas.
“Si una niña o un bebé que viene de esta condición de drogas y no tiene un tratamiento especializado, pues difícilmente va a tener un desarrollo pleno como el resto de los niños que viven en otras condiciones”, advierte.
‘Allá afuera hay muchos pidiendo ayuda’
Alejandra relaciona las personalidades de sus hijos –aquellos dos que tuvo durante su periodo de adicción– con los efectos de las drogas con las que tuvieron más contacto.
Una, la que calmaban a soplidos de marihuana, es muy tranquila, hasta diría que floja, duerme mucho y es de apetito voraz. La otra, la que se gestó con cristal, que nació con síndrome de abstinencia y que sintió los efectos de la droga cuando era amamantada, es mucho más vivaracha, muy inquieta, traviesa y llorona, y casi nunca tiene hambre o come muy poquito.
El deseo de cambio, de querer rehabilitarse, dice Alejandra, vino precisamente cuando se dio cuenta de eso, de cómo la droga se había colado en lo más íntimo de su familia. Empezó a sentir culpa y remordimiento. Hizo memoria y recordó que siempre había preferido empeñar sus muebles para comprar cristal a comprarles a ellos un dulce.
“Antes de conocer el cristal yo disfrutaba pasar tiempo con mis hijos. Antes yo llevaba mis hijos al parque y no lo veía como una obligación”, recuerda.
Dice que estos dos últimos hijos, a diferencia de los que tuvo antes, no tenían esquema de vacunación completo ni siquiera acta de nacimiento, requisitos para inscribirlos a la escuela. Además, cada vez empeoraban los síntomas de la abstinencia: fiebre, psicosis, dolor de huesos, convulsiones y hasta ideaciones suicidas.
“Muchas veces estuve en el intento de suicidarme, pero el hecho de no dejar solas a mis hijas fue lo que me incitó a estar aquí hoy en día”, dice.
Pero cuando pidió ayuda nadie respondió. Cuando les decía a sus amigos que tenía hambre o que se sentía mal de usar cristal, ellos hacían caso omiso. “Todo el mundo dice que si quieres dejar la droga, lo puedes dejar y listo. No. Muchas veces quieres dejarla, pero no puedes. Necesitas la mano o necesitas la ayuda, en este caso, de un centro de rehabilitación que te obstruya el paso a acceder a la droga”, señala.
Buscó entonces opciones en Cancún y encontró este centro de rehabilitación irregular donde estamos, en donde se internó por su propia voluntad. “Actualmente, llevo ya tres meses sin consumo. Y ya apenas empiezo a ver la luz”, dice.
Alejandra ahora tiene metas. Quiere dejar el cristal, completar los seis meses que dura el programa y luego hacer que sus amigos y amigas embarazadas o que son ya madres con adicción sepan que existen lugares donde les pueden ayudar a rehabilitarse.
“Hay personas que ya no se quieren drogar, así como yo. Muchas veces tuve una pipa y decía ‘ayúdame a salir de esto, que ya no me quiero drogar, pero no sé cómo dejarlo’ y no recibía respuesta. Entonces, siento que hay muchas personas ahí afuera que también están con una pipa en la mano diciendo: ‘Ayúdame’”, dice y lanza un último cuestionamiento: “Toda madre, al final, aunque sea adicta, aunque sea alcohólica o drogadicta, tiene derecho a cambiar por su hijo, ¿no?”.
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