Una jueza federal ordenó que el remoto campo de detención de migrantes en los Everglades, en Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, deje de recibir nuevos detenidos y retire la infraestructura adicional agregada al sitio.
La jueza emitió la orden judicial preliminar después de que grupos ambientalistas y una tribu nativa americana presentaran una demanda federal preocupados por el impacto que la instalación tendría en esta zona ambientalmente sensible.
La orden establece que no se trasladen nuevos detenidos al lugar, más allá de los que ya se encuentran actualmente en la instalación.
La jueza Kathleen Williams también dice que la iluminación, las cercas y “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos que se instalaron para apoyar este proyecto” agregados al Aeropuerto de Capacitación y Transición de Collier Dade deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden, lo que efectivamente cierra la instalación.
En lo profundo de los humedales de los Everglades, “Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el principio. Legisladores que recorrieron el sitio describiendo a cientos de inmigrantes confinados en jaulas bajo un calor sofocante, plagas de insectos y comidas escasas.
En su orden, la jueza Williams escribió que “el Tribunal se basa en la reducción programática de la población del campamento en los próximos sesenta días”, admitiendo que la orden efectivamente cierra el sitio.
EN VIDEO | Everglades, de oasis de naturaleza a desafío del centro migratorio 'Alligator Alcatraz'
Quién está al cargo de las instalaciones
También han persistido las duas sobre quién está a cargo de “Alligator Alcatraz”, si es el Gobierno federal o el estado de Florida. Florida afirma que opera el campo de detención temporal bajo acuerdos entre agencias estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Pero en lo que respecta a las operaciones diarias en la instalación y a las decisiones sobre quién es detenido allí, funcionarios federales han dicho que el estado está a cargo.
Los críticos argumentan que la falta de claridad sobre la responsabilidad final de la instalación genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la supervisión.
Elise Pautler Bennet, abogada de uno de los grupos ambientalistas que interpuso la demanda, elogió el fallo de la jueza Williams y declaró: “Nos sentimos muy aliviados. Creemos que presentamos pruebas contundentes, incluidas en su orden (la de la jueza Williams), que demuestran que esta fue la decisión correcta para proteger el medio ambiente y los intereses de los estadounidenses en los Everglades”.
Demandas contra la iniciativa
La instalación está rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras tribales de la Tribu Miccosukee de Indios de Florida, uno de los demandantes en el caso.
El centro de detención, construido apresuradamente, se encuentra a poco más de una hora en automóvil al oeste de Miami. Durante una visita a la instalación antes de su apertura, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recalcó que la instalación era tanto temporal como necesaria para aliviar la carga sobre las agencias policiales y cárceles del estado, que, según él, estaban experimentando un aumento de inmigrantes. Está construido sobre una pista de aterrizaje y consta de remolques de FEMA reutilizados y carpas, rodeados por una cerca.
Friends of the Everglades, otro de los demandantes en el caso, fue fundado para oponerse a la edificación en ese mismo lugar en 1969, según dijo a CNN Eve Samples, directora ejecutiva del grupo.
Esta demanda contra la instalación es una de dos que avanzan en el sistema judicial federal. Una segunda demanda se centra en el acceso legal para los detenidos en la instalación.
La representante estadounidense Frederica Wilson, demócrata de Florida, celebró el fallo y dijo en X: “¡Ya era hora!”.
“Fue cruel, descuidado y destructivo desde el principio y nunca debió construirse”, añadió Wilson, quien representa al distrito congresional 24 del sur de Florida. “Me alegra que cierre. ¡Y no debemos repetir los errores cometidos en estas instalaciones en ningún otro lugar!”
Esta demanda contra el centro es una de dos que se están tramitando en el sistema judicial federal. Una segunda querella se centra en el acceso legal de las personas detenidas en el centro.
En una presentación adicional, el estado de Florida ha indicado que apelará el fallo del juez.
En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se limitó a responder: “Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”.
CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional y la División de Gestión de Emergencias de Florida para solicitar comentarios sobre la orden de la jueza.
Esta historia ha sido actualizada con información adicional
Catherine E. Shoichet de CNN contribuyó a este informe.
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