La aparente calma que se vivió por pocos días en el sur de California se interrumpió de forma impetuosa, cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) regresaron con otras estrategias —aunque con los mismos objetivos— en un contexto legal diferente, luego de los fallos judiciales que prohibieron las despiadadas redadas ocurridas en junio de 2025.
Los fallos judiciales —dictados por una jueza federal de distrito y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito— solamente ratificaron lo que establece la Constitución; sin embargo, para la administración Trump fue como una piedra en el zapato para alcanzar su cometido de realizar el programa de deportaciones históricas.
El terror regresó el 2 de agosto en un autolavado de Lakewood, ciudad ubicada 20 millas al sur de Los Ángeles. Desde entonces los agentes de la “migra” han atacado a empleados de car wash, jornaleros y vendedores ambulantes, entre otros, en diferentes ciudades del sur de California.
Como cada día, Nily Calderón llegó temprano el 8 de agosto a la ferretería Home Depot del vecindario angelino de Van Nuys. Instaló su venta de comida a las 7:15 de la mañana sobre la Balboa Place. Mientras terminaba de extender su carpa, acudió un jornalero a comprar. Los jornaleros son los trabajadores que llegan a estas ferreterías a buscar que alguien los contrate en tareas como albañilería, pintura, jardinería y otros oficios.
—¿Me puedes dar un taco? —pregunta.
—Ahorita te lo hago —responde Nily.
Ella tomó doble tortilla para preparar un taco de carne asada. Al ver que Nily todavía no terminaba de colocar la carpa, el hombre comenzó a ayudarle. A lo lejos, una voz femenina gritó desde un vehículo: “la migra, la migra”. El jornalero corrió hacia el sur de la calle. Adelante le cerraron el paso dos camionetas, una color gris y otra verde.
El hombre forcejeó con los agentes y se les escapó. El jornalero corrió hacia el interior del estacionamiento de la ferretería, pero al poco tiempo lo arrestaron.
—¿Traían orden de arresto? —pregunto.
—No traen nada, ellos no traen nada de eso —responde Nily.
En ese operativo, ocurrido alrededor de las 7:30 de la mañana, capturaron a siete personas. Luego liberaron a una mujer en el mismo lugar y más tarde soltaron a un jornalero que trasladaron hasta el centro de detención sobre la calle Aliso, en Los Ángeles. Los agentes de ICE regresaron a esta tienda el mismo día, a eso de las 11:40 a.m. aproximadamente. En esta oportunidad sólo arrestaron a una persona.
Durante 35 días consecutivos, los agentes realizaron redadas en diferentes puntos del sur de California entre el 6 de junio y el 10 de julio de 2025. El respiro llegó el 11 de julio cuando la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong firmó una medida temporal que prohibió a la administración Trump efectuar redadas en siete condados, es decir en Los Ángeles, Ventura, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Orange, Riverside y San Bernardino.
Esa decisión judicial frenó por 22 días los arrestos y las redadas indiscriminadas.
La jueza dictaminó que utilizar la raza, el idioma, el trabajo o la ubicación de una persona como causa probable para detenerla violaba la cuarta enmienda de la Constitución. Según la magistrada, la salvedad para que continuaran las redadas era que los agentes federales tuvieran una "sospecha razonable" de que las personas detenidas estaban infringiendo la ley de inmigración de Estados Unidos.
El 1 de agosto de 2025, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, integrado por tres jueces, emitió un dictamen en el que ratificó la orden temporal de la jueza Frimpong. A pesar de lo dictado por los tribunales, un día después volvió el asedio similar a la ola de arrestos de junio.
“Que los agentes de inmigración sigan arrestando a la gente sin una sospecha razonable es una violación al fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito”, valoró Álex Gálvez, abogado de inmigración. Una sospecha razonable sería tener un antecedente delictivo o una orden de deportación. En estos casos, agrega el jurista, los agentes de ICE pueden ir a buscar directamente a la persona.
En esta nueva ola de operativos consecutivos, según los activistas, se ha notado que se repiten los patrones de perfilamiento racial que la jueza de distrito Frimpong confirmó en su dictamen cuando prohibió las redadas.
En la ferretería Home Depot del vecindario Westlake, en donde comenzó este ataque atroz el pasado 6 de junio, los agentes de la “migra” volvieron exactamente 2 meses después. Esta vez utilizaron un camión de mudanzas de la compañía Penske. En el estacionamiento, el chofer indicó a los jornaleros que necesitaba varios trabajadores. Al acercarse, abrieron la puerta y se bajaron agentes federales. Ahí fueron detenidas 16 personas originarias de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua. Las autoridades aseguraron que andaban buscando a integrantes de la pandilla MS-13. El operativo fue denominado “Caballo de Troya”.
En un mensaje en sus redes sociales, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, exhortó a las personas con estatus irregular en Estados Unidos que lo mejor es que se vayan. “En menos de 200 días, 1.6 millones de inmigrantes ilegales han salido de la población de Estados Unidos. Bajo el presidente Trump, ahora tenemos calles más seguras, mejores empleos para los estadounidenses y menos tensión en las escuelas, hospitales y servicios sociales”, escribió Noem el 14 de agosto.
De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros, desde el 6 al 18 de agosto se han registrado 13 redadas en diferentes locales del Home Depot, es decir han ocurrido en promedio una cada día. Palmira Figueroa, vocera de esta organización, reconoce que este acoso y persecución ha generado miedo y pánico entre los trabajadores. Esta activista se pregunta cuáles son los criminales que el gobierno federal asegura están siendo capturados. En los operativos que se han perpetrado en el sur de California, la organizadora comunitaria observa que son personas trabajadoras las perseguidas.
“La gente que espera una oportunidad de trabajo en los Home Depot se está enfrentando al acoso del gobierno, esto ha generado una alarma”, apuntó Figueroa, destacando que los jornaleros acuden a las ferreterías porque esa es la manera que han encontrado de generar un ingreso económico. “No trabajan un día y no tienen para sustentarse ellos y su familia”.
Esa es la realidad que enfrentaba Carlos Montoya, originario de Jutiapa, al sureste de Guatemala. Llegó a Los Ángeles hace tres años. Aquí vivía solo, rentaba una habitación en casa de una compatriota. Con lo poco que ganaba cubría sus gastos y ayudaba a su familia. En su tierra tiene cuatro hijas y cinco nietos. Cada mañana, este hombre acudía al Home Depot, ubicado en el 1625 de la avenida Mountain, en la ciudad de Monrovia. Por lo general era contratado en trabajos de albañilería, remodelación de viviendas, pintura y mudanzas.
Poco antes de las 10 de la mañana, el jueves 14 de agosto, la policía de Monrovia recibió el aviso de un operativo de ICE en esa tienda. De acuerdo a testigos de la Red Nacional de Jornaleros, en esa redada arrestaron a 13 personas. Al ver la presencia de la “migra”, Carlos huyó a pie por la avenida Evergreen hacia la autopista 210. Ahí fue atropellado por un vehículo cerca de la avenida Myrtle, según la policía local y la Patrulla de Caminos de California.
“Estaba luchando para poder retirarse tranquilamente”, aseguró Mariela, sobrina del migrante, de 58 años, que falleció luego de ser trasladado al hospital. Carlos planeaba regresar pronto a Guatemala. Ahora, con el apoyo de la comunidad están recolectando fondos en una cuenta GoFundMe para ayudar a las hijas huérfanas. “No somos animales para cazar, mi tío era una buena persona, servía en la comunidad; él siempre buscaba la manera de ayudar a quien lo necesitara, sin importar si él no tenía, no podía ver a alguien en pena”.
Desde que arrancó la ola de redadas, el 6 de junio, en al menos 42 de las 44 ferreterías Home Depot ubicadas en Los Ángeles se han registrado operativos, asegura Maegan Ortiz, directora ejecutiva del Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA). Esta organización, fundada en 1997, opera cinco centros de jornaleros.
En los últimos 17 días, los activistas han observado que las estrategias han variado. Ortiz manifiesta que antes los operativos duraban entre 20 y 25 minutos, ahora son más cortos: entre 8 y 12 minutos. También ha sido evidente que los agentes realizan labores de inteligencia, visitan los lugares antes de una redada, utilizan drones y los agentes incluso llegan a interactuar con los migrantes. El día del operativo llevan sus propios equipos de video y fotografía.
“No estamos viendo tantas redadas afuera de la comunidad latina como antes, ahora literalmente están atacando a propósito a los jornaleros”, subrayó Ortiz. “Estamos bregando con un gobierno federal que no le importa la ley a menos que les convenga a ellos”.
Como se vio el 2 de agosto, otro sector golpeado fuertemente son los autolavados. De acuerdo al Community Labor Environment Action Network (CLEAN), entidad que cuenta con el Centro de Trabajadores de Car Wash, entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto ICE arrestó a 30 personas en estos negocios. Los días anteriores de agosto se contabilizaron 140 detenciones. Estas redadas han ocurrido en 63 diferentes autolavados.
Flor Rodríguez, directora ejecutiva de CLEAN, explica que los car wash son más vulnerables porque son áreas designadas para que ingresen vehículos. A veces cuesta distinguir si son parte de operativos de la “migra” porque no llevan logotipos; por ese motivo asegura que es valiosa la ayuda que proporcionan más de 140 voluntarios que realizan labores de vigilancia.
“Días antes de que las redadas ocurran, hemos notado un dron volando arriba del autolavado, también llegan en carros que se miran sospechosos o tal vez un cliente entra haciendo preguntas que usualmente no se hacen”, describe la activista sobre las nuevas estrategias.
Poco después de esas visitas que tienen una función de inteligencia se realizan las redadas.
Para combatir este acoso, CLEAN realiza talleres educativos y sigue reclutando voluntarios que ayuden a la vigilancia. En este momento, sostiene Rodríguez, lo importante es que las familias tengan un plan y sepan quién va a realizar la llamada en caso de que una redada afecte a un ser querido.
“Ha habido una violencia más fuerte que antes”, indicó la activista, advirtiendo que a muchos trabajadores no les queda otra opción que acudir con normalidad a los autolavados a pesar del peligro que eso representa. “Esto tiene que ver más con la seguridad que con el estatus migratorio, porque hemos visto que se están llevando a personas con estatus regular”.
La postura del gobierno federal es señalar a los inmigrantes indocumentados como criminales. En un mensaje en sus redes sociales, Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, aseguró que su prioridad es el pueblo estadounidense por encima de los “extranjeros ilegales”.
“Planeamos esforzarnos aún más para encontrar y eliminar a extranjeros ilegales criminales en Los Angeles”, escribió en una publicación compartida el 13 de agosto en la red social X junto a una historia del canal Fox News.
En el contexto actual, los expertos apelan a la quinta enmienda de la Constitución en la que se enarbola el debido proceso.
En un caso que llegó en 1993 hasta la Corte Suprema de Justicia, conocido como Reno vs. Flores, se ventiló la trascendencia del debido proceso en muchos procesos de migración. En el fallo, el juez Antonin Scalia escribió: “está bien establecido que la quinta enmienda otorga a los extranjeros el derecho al debido proceso legal en los procedimientos de deportación”.
En una nación en donde funciona el Estado de derecho, sostiene la abogada de inmigracion Meredith R. Brown, las decisiones de la jueza Frimpong y el dictamen de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se tendrían que obedecer; en caso de desacato habrían consecuencias, desde multas hasta encarcelamiento.
Su esperanza, subraya la jurista, es que este caso se eleve a la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados pongan la Constitución como el instrumento más importante y que se obedezca la máxima ley del país.
“Esta administración quiere comprobar cuál es el límite que tiene su poder”, valoró Brown, reconociendo que en más de 25 años como abogada y defensora de los derechos civiles no ha visto que un presidente desestime lo que dictan los tribunales de justicia. “Lo que se está viendo es propio de dictaduras en otras partes del mundo”.
Ignorar los dictámenes judiciales es grave, sostiene Víctor H. Narro, profesor de Estudios Laborales de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En sus 40 años como activista y académico, Narro ha visto cómo los presidentes se han apegado a los derechos constitucionales a pesar de las diferencias con las luchas sociales, como pasó con Ronald Reagan y George Bush.
En la administración Trump, el profesor de la UCLA observa que no hay interés en preservar el balance de poderes y el Estado de derecho.
“Lo que tenemos hoy es un presidente y un gabinete que está funcionando como un gobierno autoritario, como un gobierno dictatorial; no ponen ningún valor a la Constitución ni a la democracia”, aseguró Narro, graduado del doctorado en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond en 1991.
Esta coyuntura, añade el académico, no se trata solo de los inmigrantes; en medio de esta crisis constitucional, los diferentes sectores de la sociedad tienen que seguir movilizándose, no solo en los tribunales y en el campo político, sino también en las calles, porque, según Narro, si se pierde esta lucha en la defensa del Estado de derecho, es una derrota de todos.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.
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