A 15 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la justicia sigue pendiente. Solo se han emitido dos sentencias condenatorias, ninguna por homicidio, mientras aún permanecen cuerpos sin identificar, y la versión oficial del caso continúa marcada por inconsistencias e irregularidades en la investigación.
En entrevista con Animal Político, Eduardo Rojas, coordinador de Estado de derecho de la Fundación para la Justicia, explicó que el caso “definitivamente no está resuelto”.
La masacre de San Fernando ocurrió en agosto de 2010 en Tamaulipas, cuando 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres— fueron secuestrados y asesinados.
“Seguimos con el dolor como si fuera el día uno”: familiares
Este jueves 21 de agosto, la Fundación para la Justicia difundió testimonios que dan cuenta del dolor y la indignación que sigue vigente.
Miriam Carmen Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano Solórzano, lamentó que tras década y media de lucha sigan sin respuestas. “Ya son 15 años que nosotros queremos justicia y reparación, pero ya pasaron muchos años y nosotros siempre seguimos con el dolor como si fuera el día uno”, dijo.
Recordó que sus familiares migraron buscando un futuro mejor y denunció la indiferencia oficial: “No eran ningunos perritos a quienes mataron, sino que eran personas buenas, que dejaron sus familias”.
La madre acusó además falta de voluntad política y constantes engaños. “Ya sentimos que solo son engaños con nosotros y les pedimos y les exigimos a los gobiernos que se unan y que hagan algo por las familias”, reclamó.
Por su parte, Cruz Alonso Ortiz, padre de María Magdalena, otra de las víctimas, reprochó la impunidad que se ha mantenido en el caso. “Tenemos 15 años y no vemos claro que haya justicia para todos los que murieron y nosotros queremos justicia, no queremos que quede impune todo eso”, expresó.
En su testimonio, subrayó que los migrantes asesinados no eran delincuentes, sino personas trabajadoras que buscaban mejorar sus condiciones de vida. “Ellos iban luchando en la vida para mejorar y ahí murieron. No eran delincuentes”. E hizo un llamado urgente: “nosotros queremos ayuda, justicia, reparación de todos nosotros que estamos vivos todavía”.
Posible complicidad de autoridades
Eduardo Rojas subrayó que, aunque la versión oficial atribuye la masacre a Los Zetas, es “probable… que todos estos grupos criminales no operan de forma aislada, sino que forzosamente requieren tolerancia o colaboración de autoridades. Y esa línea de investigación, la fiscalía se ha negado a explorar”.
“Igual resulta que, después de agotarla, se confirma que no existe ninguna responsabilidad. Pero lo que se pide, y es la obligación de la fiscalía, es agotarla, tal cual como ha sucedido en otros casos notorios como el de Ayotzinapa, que existe una resistencia a investigar al Ejército”, enfatizó, comparando el caso con otras investigaciones donde las Fuerzas Armadas han sido “intocables”.
Agregó que, sumado a esto, el expediente presenta graves fallas: declaraciones obtenidas bajo tortura, evidencia procesada de forma irregular y omisión de líneas de investigación clave, como la posible participación de agentes estatales o incluso de otras estructuras criminales, como el Cártel del Golfo.
Como ejemplo de estas irregularidades, expuso que en el sitio donde supuestamente ejecutaron a 72 personas apenas se registraron unos cuantos casquillos, pese a que varios cuerpos tenían múltiples impactos de bala. Además, a las irregularidades procesales se suman contradicciones en los testimonios de los dos sobrevivientes y dudas sobre la fecha real de los hechos, afirmó.
Rojas explicó que uno de los principales retos en la investigación de la masacre de San Fernando es la falta de un enfoque de macrocriminalidad, que implica investigar los delitos graves no como hechos aislados, sino como fenómenos vinculados a redes complejas donde intervienen “el poder político, el poder criminal, el poder económico”, y cuya actuación permite que estos crímenes permanezcan impunes.
Avances judiciales limitados
En los avances del caso, el integrante de la Fundación para la Justicia detalló que, de las detenciones realizadas hasta ahora, solo dos han derivado en sentencias condenatorias —dictadas en enero pasado y que alcanzaron penas de hasta 82 años de prisión—, pero por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, no por el asesinato de los migrantes.
“Entonces, en realidad, son sentencias que no versan sobre esos hechos, que no atribuyen responsabilidades por las violaciones a derechos humanos, por lo que no existe todavía ninguna sentencia por estos delitos”, lamentó Rojas.
Señaló además que “en términos de las familias, no supone ningún avance en ningún aspecto de justicia o reparación. Entonces, al menos para garantizar los derechos de las familias, no implica ninguna diferencia”.
Identificación de las víctimas
En cuanto a la identificación de las víctimas, explicó que 63 de los 72 cuerpos fueron reconocidos, pero en siete de esos casos se mantienen dudas por parte de los familiares, al no haber certeza sobre los restos entregados, además de que nueve cuerpos más siguen sin identificar.
Rojas aseguró que “a muchas familias se les entregaban restos que no correspondían, por supuesto, a un cuerpo, sino que eran restos, incluso cenizas, y les decían: ‘Bueno, pues esto es lo que queda de tu familiar’”.
El problema en este punto, dijo, es que no existió un proceso de explicación que diera certeza sobre las pruebas realizadas a los restos, por lo que los familiares tuvieron que “creer ciegamente la palabra del personal de la entonces Procuraduría General de la República”.
En lo que respecta a las nueve víctimas que permanecen sin identificar, Rojas dijo que no han podido ser corroboradas “porque es necesario exhumar el cuerpo u otros trámites que han resultado de cuestiones más administrativas o de cooperación internacional, pero que no tienen que ver en sí con el proceso de identificación”.
Atención del Estado y reparación
Por lo que toca a la atención del Estado mexicano hacia las víctimas, Rojas señaló que durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum sí se han registrado algunos avances, particularmente en materia de reparación.
“En reconocimiento, sí ha habido algunos pasos adelante, que han sido la entrega y la determinación de las compensaciones que se tienen que entregar a las familias. Eso ha ocurrido en estos dos sexenios”, dijo.
Sobre esta reparación del daño, destacó que se ha logrado gracias a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no por sentencias judiciales.
Tras la masacre de San Fernando, dijo Rojas, se impulsaron algunos mecanismos de justicia transnacional para garantizar los derechos de las familias de migrantes víctimas del delito. Uno de ellos es el Mecanismo de Apoyo Exterior, ahora reconocido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, instrumento que permite que las embajadas mexicanas funcionen como enlace para que las víctimas indirectas que residen en otros países puedan presentar denuncias, aportar evidencia, solicitar actos de investigación y recibir información sobre sus casos.
Aunque el mecanismo ya cuenta con un protocolo de operación, acotó, aún enfrenta retos importantes: el personal de embajadas y consulados no está acostumbrado a desempeñar estas funciones.
Otro avance ha sido la creación de bancos forenses, previstos en la ley y concebidos como herramientas para centralizar información genética de personas fallecidas o desaparecidas. En teoría, estos registros permitirían vincular restos encontrados en México con familias en Centroamérica u otros países. Sin embargo, la crisis forense del país limita su eficacia.
Militarización de la política migratoria
Tras reconocer este avance en términos de los derechos de los migrantes en México durante los gobiernos de Morena, Rojas recordó la militarización de la política migratoria en México, que se remonta al gobierno de López Obrador, en la que la Guardia Nacional ha sido un instrumento clave en esta estrategia.
“Algo que hemos podido documentar y que ciertamente nos preocupa ha sido, pues, ya desde también el sexenio pasado, el uso de las Fuerzas Armadas, particularmente en la Guardia Nacional, para ejecutar la política migratoria, en este caso del gobierno estadounidense”, señaló.
“Buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional están siendo utilizados precisamente para impedir que las personas migrantes puedan cruzar la frontera tanto en el sur como en el norte”, indicó.
El especialista enfatizó que, aunque estas personas se encuentren en situación migratoria irregular, “eso no los convierte en responsables de la comisión de ningún delito”. Señaló que este despliegue militarizado responde más a un objetivo de control fronterizo en línea con políticas estadounidenses que a la protección de derechos humanos, lo que genera riesgos de violaciones y detenciones arbitrarias.
Situación actual de los migrantes
Por último, Rojas advirtió que el panorama para las personas migrantes en México sigue siendo adverso: la política migratoria se ha militarizado con la Guardia Nacional y prevalecen detenciones prolongadas, violencia y violaciones a derechos humanos, como las que se documentaron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023.
“Es fundamental seguir documentando estas injusticias y no olvidar que, así como exigimos derechos para los mexicanos en el extranjero, debemos mostrar empatía hacia quienes llegan a nuestro país buscando una vida mejor”, subrayó.
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